Prohíbe municipio de Chihuahua a funcionarios recibir regalos de particulares
Chihuahua es actualmente el único municipio del estado que cuenta con este tipo de políticas; entre las sanciones posibles se encuentra la inhabilitación de funcionarios hasta por 10 años

El municipio de Chihuahua mantiene una política de no recepción de regalos para sus funcionarios, con la que busca evitar que un obsequio de particulares o empresas pueda convertirse en un incentivo para modificar decisiones o generar un posible conflicto de interés.
La directora del Órgano Interno de Control (OIC), Carmen Hidalgo Posada, explicó que la medida establece que, cuando un funcionario reciba un regalo aun cuando haya intentado rechazarlo, debe notificarlo al OIC dentro de los cinco días hábiles posteriores a su recepción.
La funcionaria señaló que la política se desprende de los mecanismos de integridad implementados por el municipio y establece un procedimiento específico para determinar qué debe hacerse con el obsequio. El caso es analizado por el Comité de Ética, integrado por representantes de distintas áreas de la administración municipal.
Una vez que el comité conoce el caso, puede determinar distintas resoluciones, entre ellas está autorizar la recepción del regalo, cuando se trate de un bien de valor simbólico y no exista una relación entre el funcionario, sus atribuciones y la persona que realizó el obsequio; también puede solicitar que sea devuelto, incorporarlo al patrimonio municipal o donarlo a alguna institución.
En caso de que el bien sea una obra de arte, por ejemplo, Hidalgo Posada explicó que podría determinarse su donación a un museo para que sea de beneficio colectivo y no quede en manos de un servidor público.
Para tomar una decisión, el Comité de Ética analiza factores como el valor del obsequio, el historial del funcionario, si existe una conducta reiterada y la posible relación entre quien entrega el regalo y las funciones que desempeña el servidor público.
De acuerdo con la funcionaria, existen casos de bienes de valor menor o detalles simbólicos que pueden ser evaluados bajo este criterio.
La directora del OIC aclaró que la política no prohíbe los regalos entre compañeros de trabajo, como los que pueden intercambiarse por cumpleaños o durante las celebraciones navideñas, debido a que el objetivo es evitar que un particular o empresa entregue un beneficio a un funcionario esperando que éste modifique una actuación que legalmente está obligado a realizar.
En particular, explicó que el riesgo aumenta cuando el obsequio proviene de una empresa o persona que tiene algún asunto, trámite, contrato o interés relacionado con las decisiones del funcionario que lo recibe.
Hasta el momento, Hidalgo Posada señaló que el municipio no ha tenido que activar formalmente este protocolo por un caso de recepción de regalos del que tenga conocimiento. Sin embargo, destacó que Chihuahua es actualmente el único municipio del estado que cuenta con una política específica de no recepción de regalos.
La omisión de reportar un obsequio no implica automáticamente una sanción, pero puede dar lugar a una carpeta de investigación para determinar si existió alguna conducta irregular.
Entre los aspectos que se revisarían estaría si la empresa o persona que entregó el regalo tiene contratos con el municipio o si el funcionario interviene en decisiones relacionadas con ella.
Si durante la investigación se acredita una conducta que constituya una falta administrativa grave, como actuación bajo conflicto de interés o abuso de atribuciones, el expediente puede ser turnado al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, instancia que puede determinar sanciones conforme a la gravedad de los hechos.
Entre las sanciones posibles se encuentra la inhabilitación de funcionarios hasta por 10 años, además de otras determinaciones que correspondan. Hidalgo Posada precisó que esto depende de las pruebas obtenidas y de lo que se determine durante la investigación, por lo que la simple activación del protocolo no significa que exista una sanción automática.
La funcionaria explicó que el mecanismo también busca brindar protección jurídica a los propios servidores públicos, al permitirles reportar un regalo que recibieron incluso cuando no lo solicitaron y dejar constancia de que actuaron conforme a las reglas de integridad establecidas por el Ayuntamiento.








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