Más que ayuda humanitaria: indígenas desplazados de Chihuahua exigen soluciones ante comunidad internacional
Tras la visita de la eurodiputada Diana Riba i Giner a comunidades de Baborigame y Guadalupe y Calvo, organizaciones civiles demandaron al Estado mexicano investigaciones penales, restitución de tierras y condiciones de seguridad para que las familias desplazadas puedan regresar a sus hogares

La Comunidad Técnica Comunitaria (Contec) destacó que las comunidades indígenas desplazadas de la Sierra Tarahumara enfrentan una deuda institucional que va más allá de la atención humanitaria, pues necesitan recuperar sus territorios, acceder a la justicia y contar con condiciones de seguridad para reconstruir sus vidas. Tras la visita de una misión internacional a Chihuahua, organizaciones civiles y comunidades afectadas exigieron al Estado mexicano acciones de fondo, presupuesto y políticas públicas que garanticen soluciones duraderas para las familias que se han visto obligadas a abandonar sus hogares a causa de la violencia.
En un pronunciamiento, la Misión Civil de Observación sobre el Desplazamiento Forzado Interno (MCO) y las organizaciones que integran la Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos México-Unión Europea hicieron un balance de la visita de la eurodiputada Diana Riba i Giner, quien conoció la situación de las comunidades de Baborigame y Guadalupe y Calvo, en la Sierra Tarahumara.
Las organizaciones señalaron que el desplazamiento forzado interno (DFI) afecta principalmente a pueblos y comunidades indígenas, cuyos integrantes no solo han tenido que abandonar sus lugares de origen, sino que también han perdido el acceso a sus territorios ancestrales, bienes naturales comunitarios y medios de subsistencia. Además, enfrentan obstáculos para ejercer libremente su identidad cultural.
Advirtieron que esta problemática ha sido documentada durante décadas por colectivos y organismos civiles, que han acompañado a las víctimas en la defensa de sus derechos humanos y comunitarios. En este proceso, destacaron la resistencia de las familias, que han enfrentado la violencia, la invisibilización y la falta de reconocimiento de las circunstancias que las obligaron a abandonar sus comunidades.
La visita internacional, consideraron, representa un avance para visibilizar la situación de los pueblos desplazados y reconocer el trabajo de quienes los acompañan y defienden. Asimismo, abre posibilidades de colaboración entre organismos nacionales e internacionales para impulsar respuestas institucionales y colocar el problema en la discusión pública, más allá del ámbito local.
Sin embargo, señalaron que, aunque los gobiernos municipal, estatal y federal han brindado atención en situaciones de emergencia y asistencia humanitaria, las respuestas siguen siendo insuficientes para garantizar condiciones dignas de vida, justicia y reparación del daño. Subrayaron que contabilizar los apoyos entregados no sustituye la obligación de construir una estructura institucional, legal y presupuestaria capaz de atender las necesidades de las familias.
Entre sus principales demandas, plantearon la elaboración de un censo confiable de personas desplazadas, la asignación de recursos específicos, una atención diferenciada para las comunidades indígenas, la pacificación de las regiones afectadas y el avance de las investigaciones penales. También exigieron la restitución de tierras y garantías de seguridad para que las familias puedan regresar a sus lugares de origen.
Las organizaciones recordaron que algunas familias llevan más de diez años buscando justicia y condiciones para recuperar su vida comunitaria. En ese sentido, enfatizaron que una persona no deja de ser considerada desplazada por el simple hecho de recibir asistencia o permanecer fuera de su comunidad, sino hasta que existan soluciones duraderas que permitan restituir sus condiciones de vida.
Por ello, hicieron un llamado a evitar que la atención a las víctimas se convierta en un instrumento de disputa política o electoral y pidieron que las acciones gubernamentales tengan continuidad, independientemente de los partidos que ocupen los espacios de poder. Consideraron indispensable que la seguridad y la pacificación de los territorios sean prioridades urgentes, acompañadas de políticas públicas de mediano y largo plazo.
La MCO sostuvo que la protección de las personas desplazadas debe partir de su dignidad, sus derechos y sus proyectos de vida, y no limitarse a resolver necesidades inmediatas de alimentación, vivienda o asistencia. Las comunidades, señalaron, necesitan recuperar la posibilidad de vivir en sus territorios, preservar sus vínculos culturales y desarrollar sus actividades sin temor a nuevas agresiones.
Finalmente, las organizaciones reconocieron la visita de Diana Riba i Giner como un ejercicio de diplomacia ciudadana, observación y diálogo entre pueblos, que permite llevar las exigencias de las comunidades chihuahuenses a espacios internacionales. Reiteraron que la resistencia de las familias desplazadas ha mantenido visible una problemática que requiere respuestas concretas del Estado mexicano, con justicia, memoria y garantías de no repetición.








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