Greta Barra plantea endurecer penas por abuso policial en Nuevo León

La propuesta legislativa también contempla medidas preventivas y correctivas, como capacitación obligatoria para policías sancionados y énfasis en la identificación visible de patrullas.

La diputada local de Morena, Greta Barra, presentó en el Congreso del Estado un paquete de iniciativas para reformar el Código Penal y la Ley de Seguridad Pública de Nuevo León, con el objetivo de incrementar las sanciones contra elementos policiacos que incurran en abuso de autoridad y fortalecer los mecanismos de prevención y profesionalización de las corporaciones de seguridad.

En conferencia de prensa, la legisladora explicó que, aunque actualmente existen agravantes cuando el abuso de autoridad es cometido por policías, las penas vigentes no reflejan la gravedad de los actos de violencia que se han documentado en distintos municipios del estado.

“Hoy tenemos penas aumentadas en el papel, pero no son suficientes cuando hay violencia real contra la ciudadanía. Necesitamos sanciones más claras, más severas y un mensaje contundente de que el abuso policial no será tolerado”, señaló Barra.

Las iniciativas proponen reformar diversos artículos del Código Penal estatal, entre ellos el 210 y el 226 Bis, para establecer penas de uno hasta seis años de prisión para los policías que cometan abuso de autoridad. De manera paralela, se plantean modificaciones a la Ley de Seguridad Pública, incluyendo los artículos 121, 126, 156 Bis y 164, para reforzar las obligaciones institucionales en materia de actuación policial.

Además del incremento en las sanciones penales, la propuesta contempla que los elementos responsables de estos delitos sean separados de su cargo y que, como parte de las medidas correctivas, reciban capacitación obligatoria y especializada en derechos humanos y uso legítimo de la fuerza.

“La capacitación que actualmente reciben los policías no ha sido suficiente para evitar excesos. Por eso esta iniciativa no solo sanciona, también busca prevenir y corregir”, explicó la diputada.

El paquete legislativo también establece un plazo máximo de 80 días naturales para que las corporaciones de seguridad estatales y municipales adecuen sus protocolos, manuales operativos y programas de formación una vez que las reformas entren en vigor.

La morenista subrayó que esta propuesta responde a las exigencias de la ciudadanía y de organizaciones de derechos humanos, que han documentado múltiples casos de abuso policial en Nuevo León y demandan mayor rendición de cuentas y justicia para las víctimas.

“La ciudadanía no debería tener miedo de quiénes  están encargados de cuidarnos”, puntualizó la diputada.