El cerco se estrecha sobre Rocha Moya: Estados Unidos ya tiene en su poder a sus responsables de seguridad y finanzas
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Washington echa el guante a dos de los exfuncionarios acusados de colaborar con el Cartel de Sinaloa. Su entrega voluntaria a la justicia da la vuelta a la exigencia de pruebas del Gobierno de Sheinbaum
El Gobierno de Estados Unidos ha dado un golpe sustantivo en su cruzada contra la narcopolítica de México con la captura de Gerardo Mérida y Enrique Díaz Vega, exsecretarios de Seguridad y Finanzas de Sinaloa, respectivamente, que se entregaron voluntariamente a las autoridades del país norteamericano esta semana. Ambos son parte de la explosiva acusación de Washington contra el gobernador de Sinaloa (con licencia), Rubén Rocha Moya, por presuntos nexos con el crimen organizado. Mientras el Gobierno de Claudia Sheinbaum exige pruebas una y otra vez a Washington para determinar si es procedente la captura y extradición de Rocha y los otros nueve señalados, como ha requerido EE UU, la Administración de Donald Trump sigue paralelamente su jugada en Sinaloa y ha superado las resistencias de México. La cuna del cartel de Joaquín El Chapo Guzmán podría ser el punto donde comience a destejerse la madeja de la política corrupta de la que se ha servido el narco por años.
La caída de Mérida y Díaz Vega representa un duro golpe para Rocha, que ve cada vez más disminuidos sus asideros, y para Morena, el partido en el poder, en el centro de la diana por tener en sus filas a presuntos narcopolíticos. Según la acusación de la Fiscalía estadounidense, Mérida, un general retirado que comandó la Policía Estatal entre 2023 y 2024, jugó un rol crucial en la red de corrupción —de la que el gobernador era presuntamente la cabeza— que facilitó el imperio del Cartel de Sinaloa. El expediente, radicado en una corte de Nueva York, afirma que Mérida filtraba información a Los Chapitos, facción liderada por los hijos del Chapo Guzmán, sobre operativos de las fuerzas de seguridad dirigidos contra narcolaboratorios, a fin de que los capos pudieran mover equipos y drogas con anticipación. A cambio, según la acusación, el exfuncionario recibió sobornos de más de 100.000 dólares mensuales en efectivo (sumando unos 1,7 millones de pesos).
